Resumen: 

A principios del siglo pasado, cuando se empezó a utilizar la energía eléctrica para el desarrollo de las sociedades de manera natural las compañías que prestaban este servicio se abocaron de manera casi exclusiva a los demandantes que tenían recursos para poder pagar por el servicio, dejando marginados a los usuarios que no tenían los recursos para pagar por dicho servicio, o donde no resultaba rentable económica ni financieramente invertir. 

El servicio se ofrecía con empresas que se encargaban de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio, involucrando implícitamente los procesos de operación, planeación, mantenimiento, actualización y modernización, que les permitiera ir creciendo conforme crecía la demanda. 

Con el paso del tiempo y el crecimiento y desarrollo de las sociedades que aumentaban la demanda del servicio, algunos de estos procesos se fueron ofreciendo de manera independiente, como es caso notorio de la generación y el de la distribución y comercialización. 

Conforme las sociedades avanzaban en su desarrollo, los sistemas eléctricos fueron creciendo y las compañías participantes en el ofrecimiento del servicio fueron formando compañías más grandes que monopolizaban los principales proceso que mayor rentabilidad presentaban, como es el caso de la generación y la comercialización, invirtiendo en los sistemas de transporte eléctrico (transmisión y distribución) solo donde esa rentabilidad era conveniente y dejando a un lado, olvidado o rezagado los sectores donde esto no era negocio, sectores marginados con escasos recursos, pero que sin embargo, el servicio eléctrico les podía representar un beneficio social. 

Ante tal panorama y considerando que la obligación de los estados es garantizar a su población servicios públicos de tipo esencial o básico que, a través de la administración directa, de subsidios o de otros mecanismos regulatorios, le brinden un mejor nivel de vida y proteger la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, muchos de los Estados emprendieron una tarea de largo plazo para lograr que el servicio eléctrico, considerado un bien público, fuera ofrecido por entidades públicas operadas, controladas y mantenidas, que sin fines de lucro permitieran que todos los sectores de la sociedad se vieran beneficiadas con el mismo. 

Los modelos fueron evolucionando con el surgimiento de nuevas tecnologías y visiones distintas de los gobiernos hasta llegar a los modelos que actualmente se aplican en la actualidad en la mayoría de los países. 

Esta evolución ha sido, con sus diferencias particulares, común para muchos países de Latinoamérica, y seguramente para muchos países del mundo. 

Esta nota muestra a manera de ejemplo cómo ha sido la evolución del Sistema Eléctrico Mexicano hasta llegar a la condición actual, resaltando las características principales del mismo.